La diputada de fe evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) plantea la iniciativa de modificar el Código Penal para penalizar el hostigamiento o discurso de odio religioso y crear un registro de incidentes administrado por la Defensoría del Pueblo.
Milagros Jáuregui presentó el Proyecto de Ley N.º 13064/2025-CR, denominado “Ley que garantiza el respeto y la tolerancia hacia la fe religiosa”, con el objetivo de prevenir y sancionar actos de violencia, hostigamiento o discurso de odio por motivos religiosos. Se incluyen a quienes incurran en hostigamiento, ridiculización o incitación al odio religioso.
El texto legislativo busca incorporar al marco jurídico peruano el término “cristofobia”, definido como toda acción de violencia o vandalismo contra personas, instituciones, templos o símbolos religiosos. Este concepto pretende erradicar los ataques contra manifestaciones de fe, especialmente aquellos dirigidos a comunidades cristianas del país.
El Proyecto de Ley N.º 13064/2025-CR deberá ser evaluado por las comisiones de Justicia y de Constitución antes de su debate en el Pleno del Congreso, donde se definirá si el término “cristofobia” será incorporado formalmente al marco legal peruano.
Jáuregui explicó que la propuesta responde a episodios recientes que, en su opinión, “ridiculizan la fe cristiana”.
Entre los ejemplos mencionó una obra teatral en una universidad católica, un afiche de un festival cinematográfico LGTBI+ con imágenes religiosas satíricas y una iglesia autodenominada evangélica que utiliza símbolos LGTBIQ+ en sus cultos.
“En una sociedad verdaderamente democrática debe existir libertad de culto, pero también respeto hacia las creencias de los demás”, enfatizó la legisladora.
La parlamentaria recordó que, según cifras oficiales, el 86% de la población peruana se identifica como católica o evangélica, y aseguró que “en los últimos años se han producido manifestaciones artísticas que ofenden las creencias religiosas”.
En el ámbito penal, el proyecto propone modificar el artículo 323 del Código Penal, añadiendo un párrafo que sanciona los delitos de forma progresiva, según su gravedad. Va desde la prestación de servicios comunitarios de 100 a 120 jornadas, hasta penas de entre tres y cuatro años de prisión en casos de mayor gravedad.
“El objetivo es que se castigue de forma ejemplar a quienes, bajo el pretexto de la libertad de expresión, atentan contra los símbolos, templos o la fe de millones de peruanos”, sostuvo Milagros Jáuregui durante la presentación de la iniciativa.
El proyecto también plantea la creación del Registro Nacional de Incidentes de “cristofobia”, bajo la administración de la Defensoría del Pueblo.
Este registro recopilaría denuncias y estadísticas sobre actos de hostigamiento o vandalismo motivados por la fe religiosa, con el fin de servir de base para políticas públicas de prevención y educación en tolerancia.
Las instituciones públicas deberán reportar los casos registrados y participar en campañas de sensibilización orientadas a promover el respeto a la diversidad religiosa, conforme a los derechos de libertad de conciencia y culto establecidos en la Constitución.
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