Colombia ha vuelto a adherirse a la Declaración del Consenso de Ginebra, de la que el Gobierno de Gustavo Petro retiró al país en 2022.
La Cancillería anunció este pasado jueves, 8 de octubre, la firma de la adhesión, que se realizó en la sede de la Misión de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) a cargo del embajador Alejandro Ordóñez Maldonado, en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, país que ostenta actualmente la secretaría de la declaración tras haber tomado el relevo de Hungría.
En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que la declaración «reafirma que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo».
El Gobierno precisó que la adhesión no modifica la legislación colombiana ni la jurisprudencia de las altas cortes, sino que constituye un compromiso político y diplomático. Ordóñez lo resumió así: «No tiene efectos jurídicos, tiene efectos políticos».
Colombia se había sumado a la declaración en mayo de 2022, bajo la presidencia de Iván Duque, también con Ordóñez como embajador ante la OEA. Petro sacó al país de la coalición el 22 de agosto de ese mismo año, apenas dos semanas después de llegar al poder.
El regreso se produce ahora con el presidente Abelardo de la Espriella, cuya política exterior busca, según la Cancillería, reforzar alianzas en torno a estos principios en los foros multilaterales.
Colombia se adhiere a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia. Nuestro país, a través del embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado, se sumó a una coalición de más de 40 Estados comprometidos con la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, el fortalecimiento de la familia y el respeto a la soberanía de cada nación para definir sus propias políticas. La Declaración reafirma que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo. Esta adhesión no modifica por sí misma la legislación colombiana. Representa un compromiso político y diplomático del Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA, que amplía nuestras alianzas y fortalece la cooperación internacional en torno a estos principios.
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 8, 2026
La Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia nació en 2020 por iniciativa de Estados Unidos. Se firmó el 22 de octubre de ese año, con Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda como cofundadores regionales.
Los firmantes asumen cuatro compromisos: mejorar la salud de mujeres y niñas, afirmar que no existe un derecho internacional al aborto, fortalecer la familia como unidad fundamental de la sociedad y defender la soberanía de cada nación para fijar su propia política sanitaria. El texto reafirma además la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, reclama una atención sanitaria integral durante el embarazo y el parto, y establece que el aborto no debe promoverse como método de planificación familiar y que su regulación corresponde a cada país.
Según Valerie Huber, considerada la principal artífice de la declaración, la coalición reúne a países cristianos, musulmanes y laicos de cinco continentes que representan en torno a dos mil millones de personas.
La adhesión colombiana llega en un momento en que los países firmantes buscan dar un paso más. Los pasados 17 y 18 de septiembre, legisladores, diplomáticos y líderes provida de varias regiones se reunieron en Nueva York en el Foro Global por la vida, la familia y las libertades, con el objetivo de crear el primer Core Group provida en Naciones Unidas.
Los participantes señalaron el Consenso de Ginebra como la base de ese proyecto y acordaron crear un Comité Convocador para diseñar el mecanismo de coordinación entre gobiernos y solicitar su reconocimiento oficial en la ONU.
Con su regreso, Colombia se compromete a defender estos principios en los debates de la ONU y la OEA, sin que ello altere las normas vigentes en el país.
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