En el Amazonas peruano, específicamente en la provincia de Condorcanqui, activistas denuncian la falta de justicia en más de 1.000 casos de abuso infantil, hechos contabilizados desde 2014 y que obligaron a una delegación (Mesecvi) adscrita a la Organización de los Estados Americanos a trasladarse al lugar para evaluar la situación.
En esa zona residen unos 70.000 miembros de las comunidades awajún y wampis. La BBC publicó un artículo que especifica como han sido desatendidas las denuncias relacionadas a abusos sexuales de menores, tocamientos y casos de violencia contra mujeres.
Este escenario ha generado una epidemia de contagios de VIH entre menores de edad (incluidos niños y niñas de 3 y 4 años), casos de embarazo adolescente y una crisis de salud mental al registrar un aumento de los casos de intento de suicidio en esta zona.
Según el Ministerio de Salud de Perú, entre 2014 y 2026 se han registrado 190 casos de personas infectadas con el VIH en estas comunidades, en edades entre los 14 y los 19 años, por lo que se declaró una emergencia en la zona.
La Defensoría del Pueblo reunió testimonios en 2024 de activistas del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, y publicó un informe donde señalaba que se habían registrado unos 500 casos de acoso sexual en los colegios.
A mediados de ese año, Milagros Jáuregui de Aguayo, que en ese entonces fungía como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, manifestó su profunda preocupación por la inacción de las autoridades gubernamentales.
“Es preocupante y lamentable que los ministros de Educación y de Mujer y Poblaciones Vulnerables no hayan tenido la delicadeza de asistir (junio 2024) para informar a esta Comisión sobre las 524 denuncias de violencia sexual realizadas contra docentes, quienes presuntamente abusaron sexualmente de estudiantes menores de edad en Condorcanqui, Amazonas”, dijo en esas fechas Aguayo.
Posteriormente, los ministros acudieron al parlamento y varias bancadas presentaron una moción de censura contra los dos funcionarios, sin embargo, la medida fue eventualmente archivada.
El informe de la delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) para evitar la violencia contra las mujeres en América Latina, adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) coincide en varios puntos con el del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis y la Defensoría del Pueblo de Perú, sobre todo en el de la ausencia de mecanismos judiciales en la zona para procesar los casos y se establezcan las sanciones correspondientes.
Se espera un pronto pronunciamiento por parte de las nuevas autoridades gubernamentales del Perú en relación a estos casos que han conmocionado a la opinión pública global.
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