En el marco de una mesa de trabajo realizada con representantes del sector Educación, el Ministerio de Educación del Perú informó oficialmente que la totalidad de los textos escolares que vienen siendo distribuidos a nivel nacional no contienen el mal llamado “lenguaje inclusivo”. La información fue confirmada por Santos Quesada Inga, Coordinador de Recursos Educativos del MINEDU, quien precisó que los materiales educativos cumplen con el uso correcto del idioma conforme a la normativa vigente.
Con esta confirmación oficial, el Ministerio de Educación reafirma el cumplimiento de la Ley N.° 32003 y el compromiso del Estado con una educación basada en criterios técnicos, pedagógicos y lingüísticos, que prioriza la comprensión, la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes.
Este anuncio representa un avance concreto en la implementación de la mencionada Ley N.° 32003, de autoría de la congresista Milagros Jáuregui Aguayo, integrante de la bancada de Renovación Popular. Dicha ley garantiza el uso adecuado del idioma español en los documentos públicos y en los textos escolares, protegiendo el derecho de los estudiantes a recibir una educación clara, coherente y libre de imposiciones ideológicas.
“Eliminar el mal llamado lenguaje inclusivo es un acto de responsabilidad con nuestros niños. Educar con claridad, sin confusión ni ideología, es formar con rigor y respeto por el desarrollo integral de la niñez peruana”, destacó la congresista Jáuregui.
Además, el Gobierno Regional de Arequipa no aplicará la Educación Sexual Integral (ESI), no solo en la edcucación, sino también en el sector salud, gracias a la aprobación de la Ley32535, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Algo que se espera que se siga extendiendo a las diferentes regiones y ámbitos del país.
De manera paralela la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida también por Milagros Jáuregui de Aguayo, recibió a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Liz Gutiérrez Cuba, quien informó sobre los avances en la implementación de la Ley N.° 32535, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como las acciones ejecutadas y previstas para fortalecer la atención a poblaciones vulnerables, con especial énfasis en la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas.
Durante su exposición, la viceministra de la Mujer, Ana Sofía Rodríguez Yañez, señaló que la Ley de Igualdad de Oportunidades se viene implementando de manera progresiva en las entidades del Estado, habiéndose cumplido etapas clave, como el análisis normativo, la emisión de orientaciones a los sectores y el cierre del marco conceptual, que permitirá replantear los lineamientos para su aplicación transversal.
Asimismo, la ministra destacó como uno de los principales logros del 2025 el fortalecimiento presupuestal del Centro de Emergencia Mujer y Familia en Condorcanqui, donde se ejecutó el 100 % del presupuesto asignado, permitiendo ampliar la capacidad de atención con enfoque intercultural. También se informó que el Servicio de Atención Rural atendió más de 4,800 casos en distintas regiones del país.
Respecto a la visita realizada en noviembre de 2025 a Condorcanqui, se informó sobre el fortalecimiento de los servicios de atención, la implementación del piloto intercultural Aynikuy, el seguimiento de casos en residencias estudiantiles y la asignación de recursos para el Sistema Nacional Especializado de Justicia.
De cara al 2026, la ministra anunció la implementación del Centro de Acogida Residencial Especializado e Intercultural en Condorcanqui, así como la sostenibilidad del Centro de Emergencia Mujer y Familia y acciones de asistencia técnica para fortalecer la gobernanza local en Amazonas.
La congresista Mery Infantes (FP) reconoció la labor del sector tras la visita in situ realizada en octubre, destacando que conocer la realidad de Condorcanqui permite abordar problemáticas como la trata de mujeres y niños, reiterando la necesidad de implementar el Centro de Acogida Residencial Especializado.
Por su parte, la congresista Cheryl Trigozo (RP) consultó sobre el avance de la Unidad de Protección Especial (UPE) en San Martín, a lo que la ministra informó que el proyecto registra un avance del 90 % y que iniciará funciones el 1 de marzo, tras superar retrasos en la convocatoria de personal.
Durante la sesión, la Comisión reafirmó su rol fiscalizador y expresó su preocupación por la continuidad de los procesos de atención a mujeres víctimas en Condorcanqui, destacando la necesidad de una respuesta articulada del Estado. Al cierre, la presidenta de la Comisión, Milagros Jáuregui, señaló: “Nos alegra escuchar los avances en favor de los niños, adolescentes y la población vulnerable del país. Al conocer los logros expuestos, solo nos queda felicitar la gestión y reafirmar nuestro compromiso de seguir fiscalizando para que estos avances se traduzcan en acciones concretas”.
Finalmente, la Comisión aprobó por unanimidad el predictamen favorable de los Proyectos de Ley 11982/2024-CR y 12910/2025-CR, orientados a fortalecer los derechos de las mujeres, así como el predictamen de inhibición del Proyecto de Ley 10916/2024-CR.
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