Un centenar de evangélicos del municipio de Chanal se manifestaron en el estacionamiento del Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas para exigir justicia por la agresión que sufrieron Adán Núñez Gómez y su padre el pasado 31 de enero, presuntamente a manos de un grupo de transportistas.
Sin motivo aparente alguno, ambos cristianos denuncian públicamente que fueron golpeados con piedras y palos, lo que les provocó lesiones graves que incluyeron daño ocular con riesgo de perder la visión. Indicó que ya existe una denuncia formal ante la fiscalía general del Estado de Chiapas y pidió que el caso no quede impune.
Durante la protesta, los manifestantes solicitaron la intervención del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como de autoridades estatales, para garantizar seguridad en la región y el esclarecimiento de los hechos.
Informaron que continuarán con movilizaciones pacíficas hasta obtener avances en la investigación y castigo a los responsables.
Por otro lado, un grupo de evangélicos de la iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la localidad de Cantinela, Ixmiquilpan, denunciaron violaciones a sus derechos ciudadanos y a la libertad religiosa, al señalar que autoridades locales los obligarían a pagar cuotas y desempeñar cargos de mayordomía para la veneración del “Señor de Jalpan”, pese a no pertenecer a la comunidad católica. El municipio de Ixmiquilpan es uno de los ochenta y cuatro municipios que conforman el estado de Hidalgo, México, con cerca de cien mil habitantes.
Gabriel Chavarría Salvador, pastor de la iglesia acompañado de algunos integrantes, señaló que tras no cumplir con las imposiciones han enfrentado diversas represalias por parte del delegado municipal, quien les cortó el suministro del agua potable en sus viviendas, prohibiéndoles enterrar a sus muertos en el panteón de la localidad e incluso les han despojado a algunos de terrenos de su propiedad.
La comunidad evangélica, que asciende a 200 personas, aseguró que esta situación se ha arrastrado desde hace varios años sin que exista una solución de fondo. Contaron que este martes 17 de febrero acudieron una vez más a Palacio de Gobierno en Pachuca con la intención de resolver su situación; sin embargo, dijeron que solo les agendan citas que nunca se concretan.
“Hemos venido varias veces a gobierno, nos mandan a gente de Asuntos Religiosos o nos dicen que el secretario está ocupado, nos preguntan si queremos esperar o si mejor nos dan cita para después. Siempre accedemos a la cita”, expresó una de las víctimas.
Finalmente, los afectados recordaron a las autoridades estatales que siempre han cumplido con sus obligaciones como ciudadanos. Por ello, advirtieron que, en caso de no ser escuchados, se manifestarán junto con toda su comunidad eclesiástica con el objetivo de visibilizar la problemática y obtener una respuesta.
Luis Alberto Martín, uno de los afectados, contó que la delegación les pide una cuota de 500 pesos al año por domicilio para la feria patronal y que, si les toca la mayordomía, deben realizar diversas actividades a lo largo del año como rezar rosarios, acudir a misas y recaudar fondos para las fiestas católicas locales.
“Cuando no lo quieres hacer, te hacen una multa de 135 mil pesos, además si no quieres ir a un rosario te cobran 300 pesos y si no quieres ir a recoger a una estatua de la virgen son 500 pesos”, detalló.
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