El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció una nueva ola de citaciones, amenazas y presiones policiales contra activistas, líderes religiosos y miembros de organizaciones independientes en Cuba, en lo que calificó como una campaña de intimidación sistemática dirigida especialmente contra comunidades evangélicas y católicas críticas.
Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, afirmó que el régimen proyecta internacionalmente una imagen de respeto a la libertad religiosa mientras aplica un sistema de hostigamiento, burocracia y control político sobre líderes y comunidades de fe. “Atacar a líderes religiosos no solo viola derechos fundamentales, sino que priva a la población de la labor solidaria que estas comunidades realizan”, señaló.
Organizaciones religiosas independientes señalan que además el Gobierno mantiene restricciones históricas sobre la actividad de iglesias evangélicas, incluyendo limitaciones para obtener permisos, registrar nuevas denominaciones y realizar actividades comunitarias sin autorización estatal.
La actual ofensiva represiva ocurre a pocos días del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, fecha especialmente sensible para el régimen. Grupos como Prisoners Defenders advierten que cualquier manifestación podría enfrentar una respuesta “más inmediata y severa” que la registrada en 2021. En marzo pasado, más de 70 líderes religiosos denunciaron públicamente la “miseria y el desamparo” que atraviesa la población cubana, y defendieron el derecho ciudadano a disentir y protestar. La declaración marcó un punto de tensión con el Gobierno, que desde 2021 ha incrementado la vigilancia sobre figuras religiosas con presencia pública.
El OCDH alertó en concreto sobre un incremento de acciones contra grupos evangélicos. En Sancti Spíritus, la policía política interrumpió una marcha bajo el lema “Cuba Libre para Cristo”, encabezada por el pastor Alian López Rodríguez, quien fue detenido en dos ocasiones en menos de 48 horas. López denunció que él y su congregación viven “en constante persecución y vigilancia”.
Entre los casos recientes contra evangélicos se encuentra la citación del pastor Rolando Pérez Lora, integrante de la Alianza de Cristianos de Cuba, así como advertencias directas a miembros del Centro de Estudios Convivencia y del colectivo Fuera de la Caja, conocido por su activismo social y comunitario; y jóvenes activistas con presencia en redes sociales. Entre estos últimos Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, fue igualmente citada por la policía tras un intercambio público con el funcionario y exespía Gerardo Hernández.
La Seguridad del Estado no se limita a el acoso a cristianos evangélicos. También visitó la vivienda del intelectual católico Dagoberto Valdés para impedir su asistencia a una recepción diplomática en La Habana.
Además de los hechos mencionados en el artículo, existen otros antecedentes documentados por organizaciones internacionales:
1. Restricciones históricas a iglesias evangélicas. Desde los años 90, el Gobierno ha limitado la construcción de templos, la obtención de permisos y la inscripción legal de nuevas denominaciones. – Muchas iglesias funcionan en casas particulares, lo que las hace vulnerables a inspecciones, multas y clausuras.
2. Vigilancia y control de líderes religiosos. Pastores y sacerdotes críticos han sido citados, interrogados o amenazados por la Seguridad del Estado. En 2023 y 2024, varios pastores reportaron prohibiciones de viaje y confiscación de documentos.
3. Criminalización del activismo cristiano. Grupos como Movimiento Apostólico, Misión Bereana y Iglesia Evangélica Pentecostal han denunciado presiones por organizar actividades comunitarias sin autorización estatal. a participación de creyentes en protestas o denuncias públicas suele ser castigada con detenciones breves, vigilancia o expulsión de centros laborales.
4. Denuncias internacionales. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) ha incluido a Cuba en su lista de países con vigilancia especial por violaciones sistemáticas a la libertad religiosa. Amnistía Internacional ha documentado casos de pastores detenidos por apoyar a familiares de presos políticos.
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