El proyecto de ley que busca modificar la normativa india sobre la financiación extranjera de las organizaciones no gubernamentales ha sido remitido a una Comisión Parlamentaria Conjunta (JPC, por sus siglas en inglés) para un examen más exhaustivo, tras las fuertes críticas planteadas por organizaciones cristianas, sectores políticos y la sociedad civil.
El estatuto fue presentado en la Cámara Baja el 25 de marzo por el gobierno. Sostienen que su objetivo es hacer más transparente y someter a mayor control la gestión de las contribuciones procedentes del extranjero.
Según ellos, quieren corregir deficiencias detectadas en la aplicación de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA), la ley que desde 2010 regula la financiación extranjera destinada a organizaciones y asociaciones indias, sin embargo, las acciones para su apromación fueron detenidas.
En un comunicado emitido el 12 de agosto, el presidente de All India Christian Council, el arzobispo anglicano Joseph D’Souza, destacó que «esto significa que el gobierno ha reconocido que un proyecto de ley de esta magnitud no debería haber sido presentado al Parlamento en los últimos días de una sesión marcada por una intensa actividad y actualizaciones diarias».
Sin embargo, advirtió que el reenvío del proyecto a la comisión no resuelve las objeciones planteadas por la comunidad cristiana, que sigue reclamando que se retire el proyecto de ley.
Anunció que presentará sus observaciones ante la comisión y pedirá que se escuche directamente a las escuelas, los hospitales y las organizaciones benéficas que podrían verse afectadas por las nuevas disposiciones.
Según AsiaNews, la polémica está enfocada en la gestión de los bienes adquiridos o construidos con contribuciones extranjeras cuando una organización pierde su certificado FCRA.
El proyecto de ley prevé la creación de una «autoridad designada» encargada de asumir la custodia, administrar y, en determinadas circunstancias, disponer de las contribuciones y los bienes de la organización. La pérdida de la inscripción puede ocurrir, por ejemplo, cuando se cancela el certificado, cuando la entidad lo devuelve voluntariamente o cuando la inscripción caduca y no se obtiene su renovación.
El nuevo estatuto quiere distinguirse del antiguo para la custodia, administración y eventual destino definitivo de esos bienes, que es precisamente el aspecto que preocupa a las ONG cristianas.
Pero D’Souza explica que la comunidad cristiana no pretende eludir los controles. «Nadie en nuestra comunidad se opone a la transparencia. Nadie se opone a la rendición de cuentas». No obstante, reiteró que «una ley que realmente se preocupe por la transparencia establece controles, sanciones y el enjuiciamiento de los responsables. No transfiere los títulos de propiedad de los inocentes».
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