Australia | Escándalo por políticas de identidad sexual y de género

La política australiana en materia de identidad sexual y de género vive un momento de sinrazón en torno a la ideología de género, sus discursos de inclusión y ante acusaciones de privilegios y opacidad institucional. Dos episodios recientes, uno en el estado de Victoria y otro en el Aeropuerto de Melbourne, ilustran hasta qué punto las decisiones públicas sobre género están alterando la confianza ciudadana en la objetividad y coherencia de la justicia, las prisiones y los espacios comunes.

Por un lado, un padre abusador ha visto reducida su sentencia por ser ‘trans’, destinado a una cárcel de mujeres, y todo esto con un silencio absoluto al respecto en los medios de comunicación.

Por otro, el Aeropuerto de Melbourne ha convertido sus baños en “all-gender”, a la vez que en la capilla musulmana ha dispuesto salas de oración segregadas para varones y mujeres.

Ambos casos comparten un hilo crítico: la sensación de que las políticas de identidad sexual y de género en Australia se están definiendo más por decisiones fragmentadas -sentencias individuales, reformas administrativas, concesiones a grupos de presión- que por un debate democrático transparente sobre sus consecuencias.

En la justicia penal, la introducción de la identidad de género como factor atenuante en delitos sexuales gravísimos, junto con el traslado de agresores a prisiones de mujeres, plantea preguntas de fondo sobre quién asume el riesgo y el coste de esa “consideración especial”: las víctimas, las internas mujeres y la confianza en la imparcialidad del sistema.

En los espacios públicos, la combinación de baños unisex y salas de oración segregadas por sexo evidencia una incoherencia absoluta entre modelos de teórica inclusión -que borran las categorías de hombre y mujer- y otros que las refuerzan en nombre de la libertad religiosa para el colectivo musulmán.

La falta de una narrativa clara por parte de las autoridades no aclara la cuestión central: qué criterios de coherencia y de protección de derechos se aplican. El resultado es una creciente desconfianza hacia instituciones que parecen aplicar el principio de igualdad de forma desigual.

En noviembre de 2024, la jueza del County Court de Victoria Nola Karapanagiotidis dictó sentencia en el caso conocido por el pseudónimo “Hilary Maloney”: un padre que produjo y transmitió material de abuso sexual de su hija de entre 2 y 5 años, y cometió abuso sexual persistente contra ella. La sentencia fijó un total de 4 años y 9 meses de prisión, con un mínimo de 2 años y 6 meses de cumplimiento efectivo, muy por debajo del estándar de 10 años y del máximo de 25 años previstos para estos delitos.

En sus fundamentos, la jueza consideró la “gender dysphoria” y la transición de género del acusado como factores que reducían su “culpabilidad moral”, al entender que su vulnerabilidad psicológica y la manipulación por parte de un pedófilo estadounidense afectaron su capacidad para tomar “decisiones correctas y saludables”. También subrayó que el cumplimiento de la pena sería “más gravoso” al tratarse de una persona trans recluida en prisión, y que existían “buenas perspectivas de rehabilitación” y bajo riesgo de reincidencia. 

El condenado fue enviado al Dame Phyllis Frost Centre, una prisión de mujeres en Victoria, decisión que ha encendido el debate sobre el alojamiento de varones que se identifican como mujeres en centros femeninos. Organizaciones como Women’s Forum Australia y activistas como Sall Grover han denunciado que este tipo de resoluciones crean un “precedente peligroso” y un “incentivo perverso” para que agresores masculinos se declaren mujeres con el fin de obtener penas más bajas y acceso a prisiones de mujeres.

Un elemento especialmente polémico es la casi total ausencia de cobertura mediática australiana en el momento de la sentencia, pese a la gravedad del caso y a la novedad jurídica de considerar la transición de género como factor atenuante en delitos de abuso infantil. El fallo fue difundido íntegro por la revista Quadrant, que subrayó que una búsqueda en prensa no arrojaba referencias al caso ni a la pena impuesta. 

La combinación de tres factores—delitos gravísimos contra una menor, reducción de culpabilidad por identidad de género y alojamiento en prisión de mujeres—ha alimentado la percepción de que el gobierno de Victoria y su sistema judicial están gestionando con opacidad un cambio profundo en la forma de tratar a los delincuentes sexuales que se identifican como trans. La falta de respuesta clara del Ejecutivo, más allá de derivar las preguntas al ministro de Correcciones, ha reforzado la sensación de que se evita deliberadamente un debate público sobre los límites de la “inclusión” cuando se cruzan con la protección de mujeres y niños. 

El segundo caso se sitúa en el Aeropuerto de Melbourne (Tullamarine), donde la coexistencia de baños “all-gender” y salas de oración islámicas segregadas por sexo ha desatado críticas cruzadas.

Por un lado, el aeropuerto ha sido elogiado por defensores de la inclusión y la accesibilidad por sus nuevos baños de género neutro, presentados como una forma de apoyar a la comunidad LGBTIQ+, facilitar el uso por parte de familias con hijos de distinto sexo y ofrecer “dignidad y normalidad” sin preguntas sobre la identidad de quien entra en el baño. 

Por otro lado, un vídeo difundido por el partido One Nation mostró unas salas de oración específicas para musulmanes, con puertas diferenciadas para “Islamic Male Prayer” e “Islamic Female Prayer”. La formación denunció que se trata de espacios “dedicados y segregados por género” en un video que desencadenó una ola de comentarios que calificaban la medida de “capitulación woke” y cuestionaban por qué se acepta la segregación por sexo en contextos religiosos mientras se promueven baños unisex en el mismo aeropuerto.

El aeropuerto no ha ofrecido una explicación razonable, y la percepción pública se ha polarizado: para unos, se trata de un ejemplo de diseño inclusivo que combina opciones (baños de género neutro, baños tradicionales, salas de oración); para otros, es la muestra de una política incoherente que relativiza el sexo en espacios cotidianos mientras acepta la segregación estricta cuando se trata de prácticas religiosas específicas.