R. Dominicana | Líderes evangélicos piden investigación rigurosa en el caso Fundación con abuso de menores

La intervención realizada por el Ministerio Público y el CONANI en la comunidad de La Pared de Haina, donde fueron rescatados 14 menores vinculados a la Fundación Restaurando Vidas, ha generado una fuerte preocupación nacional. Las autoridades describieron condiciones de maltrato, descuido y explotación, lo que llevó a la detención de Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, imputados por trata de personas y abuso infantil.

La primera dama, Raquel Arbaje, confirmó que la fundación había sido cerrada previamente por las autoridades, pero continuó operando sin autorización, lo que añade un componente de responsabilidad estatal en materia de supervisión y fiscalización.

El caso ha despertado inquietud en sectores sociales y religiosos, especialmente por la forma en que se ha presentado públicamente al principal acusado vinculado como “pastor” con la comunidad evangélica. Ante esta etiqueta en algunos medios organizaciones cristianas han aclarado que Capellán no es pastor en ejercicio, y que no ha existido vinculación formal y ni ministerial con la iglesia evangélica.

La comunidad evangélica, que históricamente ha desarrollado programas de asistencia y educación, advierte que este caso no debe convertirse en un precedente de desconfianza generalizada, sino en una oportunidad para fortalecer mecanismos de control y transparencia.

En cualquier caso se han reabierto discusiones sobre la supervisión estatal de fundaciones y hogares de menores; la responsabilidad ética de organizaciones religiosas en labores sociales; y la necesidad de protocolos más estrictos para proteger a niños en situación de vulnerabilidad. 

Diversas organizaciones evangélicas —entre ellas la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE) y la Alianza Evangélica Dominicana— han solicitado formalmente una investigación independiente, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar interpretaciones que afecten injustamente a la comunidad de fe.

Las razones principales que se han esgrimido para esta solicitud son las siguientes:

– Evitar estigmatización religiosa: Líderes como Feliciano Lacen y Reynaldo Franco Reyes han señalado que el manejo mediático del caso ha generado una narrativa que podría asociar a la iglesia evangélica con prácticas que rechaza de manera categórica. 

– Aclarar la realidad de una falta de relación del acusado con la iglesia evangélica: Las organizaciones insisten en que Capellán no pertenece al liderazgo pastoral, y que es necesario evitar generalizaciones que dañen la credibilidad de las congregaciones. 

– La responsabilidad compartida del Estado: Pastores como Ezequiel Molina y Fidel Lorenzo han recordado que el Estado tiene la obligación de supervisar los centros que trabajan con menores, y que la falta de fiscalización contribuyó a que la fundación operara sin control. 

– Garantizar justicia sin mediatización: La comunidad evangélica pide que el proceso avance con rigor jurídico y sin presiones mediáticas que distorsionen los hechos.

– Impulsar reformas legales, incluyendo la aprobación de la Ley de Trata y Tráfico de Personas.

En resumen, la situación de la Fundación Restaurando Vidas exige una investigación rigurosa que permita esclarecer responsabilidades, proteger a los menores afectados y evitar que se utilice un caso aislado para desacreditar a comunidades de fe que trabajan de manera responsable. La petición de una investigación independiente por parte de líderes evangélicos busca precisamente garantizar justicia, transparencia y equilibrio institucional.