La vida política y social de Costa Rica atraviesa una transformación visible marcada por la mayor participación de líderes y comunidades evangélicos, un fenómeno que responde a décadas de trabajo territorial, acompañamiento social y construcción de redes comunitarias.
Costa Rica tiene 18 millones de habitantes y ya en 2018 tenía más de 25.000 centros de culto de iglesias evangélicas de distintas redes y denominaciones. La población evangélica representa cerca de un tercio de la población del país.
Durante la ceremonia del 8 de mayo, la bendición presidencial en la investidura de la presidenta Laura Fernández estuvo a cargo del pastor Daniel Piedra, quien proclamó un mensaje bíblico de aliento y propósito nacional. Su presencia, junto con la del sacerdote Sergio Valverde —conocido por su labor social en barrios vulnerables de San José— reflejó una convivencia religiosa más amplia y un reconocimiento público al trabajo que las iglesias evangélicas y católicas realizan en comunidades donde el Estado no siempre llega con la misma eficacia.
Este momento en el inicio de la presidencia simbolizó el nuevo momento en el que sectores cristianos protestantes ocupan espacios antes reservados casi exclusivamente a la jerarquía católica.
La participación evangélica en el nuevo Partido Pueblo Soberano (PPSO) es significativa: una cuarta parte de sus escaños corresponde a líderes vinculados a estas iglesias cristianas.
La articulación entre líderes religiosos y autoridades políticas no solo se expresa en ceremonias oficiales, sino también en espacios de diálogo como el Foro Mi País, donde dirigentes evangélicos han participado en conversaciones sobre el rumbo nacional y la defensa de valores compartidos.
Más allá de la política, el movimiento evangélico costarricense ha crecido optando por integrarse en un movimiento social y ciudadano más amplio, aportando movilización territorial, cohesión comunitaria y un lenguaje emocional directo que conecta con amplios sectores de la población.
Estas iglesias han desarrollado comunidad, narrativa digital y presencia en el territorio, elementos que fortalecen la participación democrática y la representación de sectores históricamente poco visibles en la política nacional.
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